El Elche y el castigo de los despachos

Los futbolistas del Elche celebran un gol ante el Albacete.

El Elche ha pasado en apenas una semana en recibir imputs de que jugaría el playoff por el ascenso al suspenderse el Deportivo-Fuenlabrada a ver cómo el Comité de Competición ordena que el partido se dispute y sus opciones se ven reducidas a un triunfo poco probable de los gallegos o una sanción a los madrileños furto de un expediente disciplinario por concluir. ¿Confía el Elche en estas posibilidades? No les queda más remedio, pero jugarse la categoría en un despacho no les trae buenos recuerdos.

En mayo de 2015, después de 23 años deambulando por la categoría de plata, el Elche, comandado desde el banquillo por Fran Escribá, conseguía la proeza de mantenerse en Primera División por segunda temporada consecutiva con una clasificación en el puesto 13, lejos del peligro. Apenas un mes después, la Liga de Fútbol Profesional lo enviaba a Segunda y rescataba al Eibar. La razón: una deuda de ocho millones de euros con Hacienda que se saldó y avaló, pero fuera de plazo.

Javier Tebas fue implacable entonces con un Elche que transitaba por una compleja situación societaria. La mayoría accionarial estaba en manos del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), el banco público de la Generalitat, que había ejecutado el paquete para cobrarse un impago de 14 millones de euros. Sin embargo, la gestión diaria estaba en manos de la Fundación Elche CF y la presidencia la ejercía el empresario Juan Anguix, que desapareció tras consumarse el descenso, que fue avalado no solo por la Liga, sino también por en el TAD y la Audiencia Nacional. De nada sirvieron los recursos presentados ni la situación similar que vivían otros clubes. El Elche fue considerado reincidente en el retraso del pago a la Hacienda Pública (le ocurrió también en las temporadas 13/14 y 14/15) y se le aplicó a rajatabla el reglamento que unos meses antes habían pactado los clubes: descenso administrativo y una multa de 180.000 euros.

El beneficiado fue un saneado Eibar, en cuya dirección general estaba Patricia Rodríguez, hoy alta ejecutiva del conjunto ilicitano y vicepresidenta de la Liga que lleva semanas reclamando justicia para quien ha vigilado el estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios.

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